PROMECAL, ladrillos, corrupción y prensa

Pascual Serrano – Diagonal

En el grupo de información regional Promecal confluyen toda una gama de corrupciones urbanísticas y escándalos políticos. Implantado en la prensa regional de Castilla y León y Castilla-La Mancha, y en el sector televisivo local de Navarra y de Castilla y León, Promecal es mayoritariamente propiedad del constructor Antonio Miguel Méndez Pozo y su familia. En 1992, la Audiencia de Burgos lo condenó –junto a ediles del PP– a siete años y tres meses de cárcel por falsedad en documentos públicos y privados, estafa y desacato.

No obstante, Méndez Pozo cumplió nueve meses de prisión y desde entonces su carrera ha sido un éxito hasta contar con los príncipes en la inauguración de la nueva sede de su empresa. Propietario de varias inmobiliarias y constructoras, tiene buenas relaciones con el Gobierno de José María Barreda tras su inversión en el aeropuerto de Ciudad Real, que le permitió contar con el respaldo financiero de la intervenida Caja Castilla-La Mancha. Su hijo, Miguel Méndez Ordóñez, también empresario, reconoció en 2006 haber invitado a altos funcionarios municipales y a un concejal del PP de Burgos a un viaje con todos los gastos pagados a la Costa Azul, y añadió que está dispuesto a hacerlo con quien colabore con sus empresas.

Y como Dios los cría y ellos se juntan, Méndez Pozo es socio de José Luis Ulibarri (ver DIAGONAL nº 108) en la explotación de la licencia de Radio Televisión de Castilla y León en esta comunidad. Ulibarri tiene varias empresas de construcción y ha estado implicado en diversos escándalos, como la trama Gürtel. También está vinculado a medios audiovisuales valencianos y al grupo empresarial Begar, y está bien relacionado tanto con José Bono como con el PP.

Resultó adjudicatario de numerosas obras públicas, parcelas, infraestructuras, servicios y contratas cuando estaba legalmente inhabilitado para ello y carecía de capacidad para contratar con administraciones públicas. En otra ocasión, una empresa suya adjudicataria de obras en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, resultó fantasma, no estaba registrada en la Seguridad Social ni tenía trabajadores.