Aborto legal y gratuito

En Pie

La reforma de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo que plantea el ministro Gallardón quiere acabar con derechos de ciudadanía atacando en especial a las mujeres. Un país sin derechos de salud sexual y reproductiva, recogidos en la actual ley, es una sociedad donde mujeres y hombres han perdido el derecho de escoger cuál es el momento más óptimo para ser madres y padres; donde los niños han perdido el derecho a nacer deseados y a crecer en el mejor entorno posible.

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es una de las conquistas más importantes en relación a los derechos de las mujeres. Los estudios de la OMS demuestran que los países con leyes más restrictivas no reducen los abortos, e incrementan las prácticas peligrosas principalmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

Las intenciones del Gobierno del PP transformarían la legislación de nuestro país en una de las más restrictivas de Europa, asimilándonos a Irlanda y Malta. Volveríamos a 1985, cuando la interrupción voluntaria del embarazo no se consideraba un derecho y las decisiones de las mujeres estaban supeditadas a la tutela médica. La propuesta del ministro Gallardón de penalizar el aborto por malformación del feto es retrógrada. ¿Quizás el PP quiere condenar a la clandestinidad esta prestación sanitaria y poner en riesgo la salud de las mujeres del país? Además, es completamente incoherente que el ministro hable de los derechos de las personas con discapacidad cuando el Gobierno del que forma parte los ha mutilado de manera inclemente, al reducir las ayudas a la dependencia y las subvenciones a las entidades que atienden a estos enfermos.

Desde la Plataforma Ciudadana En Pie, defendemos la maternidad libremente decidida, derivada del derecho al propio cuerpo y al futuro. No queremos que sea una situación sobrevenida ni obligada por leyes restrictivas. Queremos que las mujeres puedan tomar la decisión sobre su embarazo y que ésta, consciente y responsable, sea respetada. Los poderes públicos deben garantizar y establecer los mecanismos para que la decisión de tener hijos se haga de manera libre y responsable, ofreciendo información, asesoramiento y servicios de atención sanitaria.

Una ley de aborto no obliga a abortar, pero una ley que limita el derecho a hacerlo condena a mujeres, parejas, familias y a la sociedad en general a llevar adelante vidas llenas de dolor y dificultades, con gran coste emocional y económico. La libertad de escoger es la única garantía de defender los derechos de la ciudadanía. No se puede confundir legislar con imponer una doctrina religiosa en un país que ha decidido ser aconfesional.

Somos libres para decidir y queremos que la actual ley de salud sexual y reproductiva no retroceda y que el aborto se garantice como una prestación sanitaria más.

Por la justicia social, No a la caridad “cristiana” pagada por todo/as

Por el aborto legal y gratuito, No a su criminalización.

Porque decidir nos hace libres

Porque los derechos reproductivos son derechos humanos

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